El paro como mal endémico no da cuenta de la magnitud del daño que el capitalismo produce en nuestras vidas. Si una de las pocas industrias que todavía crece, de forma descontrolada, es la pobreza y la marginación social, eso significa que una huelga general realizada por los trabajadores no logrará cubrir más que una parte (significativa pero radicalmente insuficiente) de nuestras reivindicaciones no sólo económicas sino también políticas.
Estamos en un umbral histórico en que el capital concentrado -en su alianza obscena con un estado reconfigurado como estado policial- “va por todas”: la precarización de la vida es una realidad palpable y el festín obsceno de nuestros amos no parece conformarse con eso. Ante esta reduplicación de sus apuestas más funestas, a menos que aceptemos el arrase de nuestros derechos, no podemos sino intensificar nuestras luchas, desafiar las políticas del miedo, movilizar nuestras voluntades hasta el punto donde ya no sea posible que “las cosas (incluyendo los humanos cosificados) funcionen”.
Si los sindicatos mayoritarios han terminado convocando a una huelga general no será solamente por el candado que les echaron en la puerta de La Moncloa, sino también por la presión que ejercen las luchas sociales crecientemente articuladas frente a una política de saqueo de conquistas vitales que, en otro tiempo, muchos imaginaron definitivas.
Aunque el sentido de la huelga general del 29-M no es para todos los convocantes el mismo, en todos los casos hay un punto en común: quedarse inmóviles frente a esta arremetida neoconservadora es un suicidio colectivo. No es consuelo que los trabajadores «rompehuelgas», fieles vasallos de una derecha obediente a los mandatarios europeos del ajuste, también sufrirán en cuerpo propio los efectos nefastos de esta reforma laboral que, parodiando a Lenin, se limita a conceder todo el poder al empresariado.
Una huelga general, sin embargo, no bastará para frenar y subvertir la actual política gubernamental, a menos que sea el eslabón inicial de una cadena de movilizaciones permanentes, en la que se articulen diferentes modos de lucha. Puesto que la magnitud de la catástrofe social va mucho más allá de una tasa de paro elevada, una huelga general no puede tomarse más que como punto de arranque, como una actualización de un cierto espíritu de la revuelta que sólo puede materializarse en la radicalización de los antagonismos sociales, esto es, en la erosión de una hegemonía política que amenaza con institucionalizar lo peor en nombre de la urgencia.
Pero lo sabemos bien: el actual sistema político-económico produce un excedente de vidas humanas condenadas a ser parias, sin acceso al empleo (no digamos ya de calidad), pero también sin acceso a la vivienda, a servicios públicos en proceso de privatización, en suma, a una vida digna. Las «periferias interiores» del capitalismo son cada vez más anchas y forman el punto muerto de una economía del excedente que desecha ingentes masas de seres humanos “no-reciclables”.
Que en España esta política económica agrava sin precedentes este drama, ampliando más todavía la desigualdad socioeconómica y generalizando el precariado es evidente. La contrarreforma iniciada tiene capítulos diversos y la reforma laboral no será la última estocada a las clases populares. La huelga general no cambiará nada si no es principio de una movilización permanente. Porque no basta con que se conserven los derechos laborales conseguidos si estos no sólo se incumplen en multitud de ocasiones por parte de una casta empresarial rapaz sino que además ya contienen la marca del expolio y la explotación laboral.
La realidad de los «trabajadores precarios» no es la excepción sino la regla en estas condiciones. De modo más general, la realidad de una ciudadanía de segunda mano global afectada por el deterioro de sus vidas es cada vez más indisimulable. La economía política del capitalismo es, de forma visible, la economía del reciclaje/eliminación de las vidas humanas reducidas a material de descarte. La muerte o supervivencia de millones no es asunto de su interés. Para atajar su “peligrosidad” están los estados como gestores de la crisis, con su ejército de expertos del ajuste (cómplices de un orden criminal que les llena los bolsillos y enflaquece sus sensibilidades).
La huelga general sólo nos llevará más allá de este paisaje arruinado si se articula a una práctica de disidencia radical. Esperar una simple restauración o conservación de la situación precedente, como querría una postura social-demócrata, es erróneo. Lo que está en juego no debería ser la mera defensa del estado de bienestar o de un mercado laboral capitalista que desde siempre aceptaron la desigualdad y la explotación como datos de partida. Lo que más bien se juega, aquí y ahora, es nuestro sentido de justicia: la posibilidad de que nuestras vidas no queden reducidas a la supervivencia entre escombros.
Arturo Borra
