La brutal represión en Barcelona en ocasión del 29-M, con decenas de personas hospitalizadas y detenidas, ha desatado una cascada de críticas contra las actuaciones policiales, ordenadas por el conseller del interior de Catalunya, especialmente explícito en su afán de criminalizar la legítima protesta social. Para facilitar la denuncia de las víctimas de esa represión (y de las que vendrán), ciudadanos agredidos por el poder policial han abierto un blog con decenas de testimonios, que puede consultarse aquí.
No caben dudas que estamos asistiendo a la consolidación de un estado de excepción donde las autoridades que presuntamente deberían atenerse al derecho son los primeros en transgredirlo con absoluta impunidad (sin olvidar la actual voluntad de sancionar leyes antidemocráticas que conviertan el ejercicio público de la disidencia en una práctica calificada de terrorista).
En este contexto, hay que seguir recordando la reflexión de Benjamin al respecto: "Lo ignominioso de esta autoridad [policial] consiste en que para ella se levanta la distinción entre derecho fundador y derecho conservador. (…) las competencias de la policía rara vez le son suficientes para llevar a cabo sus más groseras operaciones, ciegamente dirigidas en contra de los sectores más vulnerables y juiciosos, y contra quienes el Estado no tiene necesidad de proteger las leyes. (…) El «derecho» de la policía indica sobre todo el punto en que el Estado, por impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden, los propios fines empíricos que persigue a todo precio. De ahí que en incontables casos la policía intervenga «en nombre de la seguridad», allí donde no existe una clara situación de derecho (…)”.
¿Qué legitimidad democrática puede tener una institución así, que ejerce la violencia informe de manera “inconcebible, generalizada y monstruosa” al decir de este autor ? La respuesta no es sencilla, pero la pregunta mantiene su vigencia y más en un contexto actual de cargas policiales absolutamente desproporcionadas (disparos a la cabeza, uso generalizado de gases lacrimógenos, cargas indiscriminadas, infiltración de policía secreta, detenciones arbitrarias, etc.), ligadas al abuso de autoridad permanente por parte de quienes la detentan. La política del miedo que pretenden impulsar sólo puede sostenerse en un giro policial del estado que no duda en usar la violencia sistemática como "método disuasorio". Extraña retórica la que el autoritarismo político de la derecha está construyendo... Y para quienes quieran más muestras de que no se trata de ninguna exageración, aquí tenéis algunas:
