Caracterizar nuestra época a partir de la apatía colectiva reafirma la dificultad del análisis para dar cuenta de los límites de las prácticas sociales hegemónicas: omite sin más los movimientos subterráneos que –para seguir con la metáfora- podríamos describir como «sísmicos». Al menos en las condiciones actuales del sur europeo (aunque no solamente), hablar de mero conformismo, indiferencia moral o una suerte de somnolencia letárgica atribuida, en general, a las masas (de la que el analista estaría felizmente emancipado) no permite comprender la complejidad del presente ni, mucho menos, los conflictos sociales que no cesan de proliferar. Afirmar que nuestra actualidad es irreductible a esa caracterización, sin embargo, no habilita a suponer, en un arrebato optimista, que ese movimiento sea suficiente para derrumbar las bases históricas de una sociedad injusta o, de forma más acotada, para dinamitar la continuidad de unas políticas de estado radicalmente regresivas.
Nuestro análisis, por tanto, debe moverse en un terreno resbaladizo: entrela escalada autoritaria actual (ligada tanto a la reestructuración del estado español como a las mutaciones globales del capitalismo) y unas resistencias sociales fragmentarias pero no menos reales. Revueltas como la de Gamonal o la movilización permanente de la Marea Blanca en Madrid, en este punto, podrían estar marcando una nueva fase en las luchas sociales a nivel nacional. Aunque se trate de victorias pírricas, contribuyen a poner en crisis un cierto derrotismo moral extendido. La condicionalidad de esos ejemplos, a la vez, es innegable: nada garantiza que esa nueva fase tenga continuidad. Las «marchas de la dignidad» previstas para el 22 de marzo en Madrid, en la que confluirán diferentes movimientos sociales y sindicales contra los recortes y en defensa de los derechos colectivos, adquiere una peculiar relevancia: permitirá determinar si, en efecto, esas conquistas colectivas funcionan como «punto de lanzadera» de luchas populares más amplias (de carácter intersectorial y transversal) o si, por el contrario, quedan desactivadas como casos aislados.
Al menos en la práctica de esos movimientos sociales, la «ideología de la desmovilización» (resumida en tópicos referidos a la “inutilidad” de las protestas) ha sido acorralada. Como experiencias de resistencia, desmontan la falacia de la “fatalidad” o “inevitabilidad histórica” de las políticas actuales. No es que no haya alternativas al neoconservadurismo; sencillamente, no serán los poderes dominantes quienes las gestionen. Dicho en otros términos, sólo la presión social creciente puede obstruir una ofensiva manifiestamente antipopular, con escasos precedentes en España.
Aunque el autismo gubernamental sigue intacto, las luchas populares más recientes han mostrado una relativa eficacia política, producto de una erosión limitada pero efectiva de la legitimidad político-gubernamental. Constituyen prácticas ejemplares en cuanto han conseguido los objetivos primarios que se proponían: en el caso del movimiento vecinal de Gamonal, impedir la construcción de un boulevard que representaba la expropiación de los espacios públicos del barrio; en el caso de la Marea Blanca, la suspensión del proceso privatizador de la sanidad pública madrileña. Si bien se trata de logros precarios, constituyen un aprendizaje común al desafiar cierto inmovilismo despolitizado así como una dinámica discontinua de (auto)convocatorias “espontáneas”.
En conjunto, parecen estar revirtiendo cierto estado de desánimo colectivo. No menos importante en esta fase que se abre: muestra que, en determinadas coyunturas, la brutalidad de cargas policiales injustificadas, en vez de producir efectos disuasivos, puede desatar una espiral de enfrentamientos callejeros difíciles de predecir. Aunque a mi entender sería un error generalizar esa tácticade los movimientos sociales (independientemente a las consideraciones éticas que pudiéramos hacer al respecto), la frontera sacralizada (la “línea roja”) de la manifestación “pacífica” ha quedado perforada, por así decirlo, sin perder legitimidad social.
A pesar de la aversión moral manifiesta por todo el arco partidario a la “violencia” (de la que se sustrae, hipócritamente, la violencia policial e institucional), la interpretación dominante de los incidentes entre manifestantes y policía en Gamonal no ha sido la que venía siendo habitual: atribuir a unos “radicales infiltrados” toda la responsabilidad de la escena. Semejante interpretación, al menos en este caso, ha fracasado de forma rotunda, para dar lugar a otras líneas explicativas más complejas: la insatisfacción colectiva ante un plan de urbanización indeseado, el hartazgo ante la corrupción político-empresarial, las detenciones arbitrarias por parte de la policía o el carácter ilegítimo de las cargas policiales contra vecinos movilizados legítimamente por una causa común. Gamonal se plantea así como un síntoma de un malestar colectivo profundo que podría extenderse en otros territorios bajo la forma de la revuelta o el estallido social.
Por otra parte, en el caso de la Marea Blanca, las tácticas que se plantearon se han movido en dos dimensiones: articular las protestas continuas del personal sanitario con la anteposición de sucesivos recursos judiciales. La movilización permanente y las disputas en el terreno jurídico han mostrado su eficacia, frustrando un plan de privatización del sistema sanitario que se planteaba a sí mismo como irrevocable. En suma, por vías diferentes, arribamos a la misma conclusión: puesto que la eficacia política de las luchas populares no está garantizada por ningún medio en particular, forma parte de la lucha misma diversificar sus medios. La falta de garantías, lejos de ser un motivo para el desánimo, exige cada vez más apelar a medios de lucha diferentes y complementarios que resten previsibilidad a los propios movimientos. La posibilidad de la derrota, siempre vigente, puede contrarrestarse así a partir de la diversificación imaginativa de nuestras tácticas.
Recapitulemos, entonces, para desmontar algunos malentendidos. Por una parte, esos acontecimientos en particular y la proliferación de protestas públicas en todo el territorio español, podrían estar constatando el «fin de la apatía». Por otra parte, eso no significa que la cultura política hegemónica haya cambiado sustantivamente. La insatisfacción colectiva que se agudiza en el presente no equivale ni mucho menos a que se haya abolido la cultura consumista que sostiene la formación capitalista como tal sino, ante todo, que frente a las restricciones crecientes en el acceso al consumo (significado como desiderátum) la disconformidad social se incrementa. Tampoco significa que se haya traspasado una política de bienestar vallado, con su régimen de pequeños privilegios y unas condiciones de vida confinadas a los estados europeos de postguerra.
Precisamente porque las industrias culturales dominantes construyen deseos que reafirman la
anatomía de la sociedad de mercado, la reducción forzada del consumo implica, como experiencia generalizada, la expansión de la insatisfacción. Nada de ello conduce por sí mismo a una transformación social profunda, sino que reafirma a lo sumo la intensificación de un deseo colectivo
privado de su objeto. Por otra parte, si bien las restricciones en el acceso a los servicios públicos generan reivindicaciones ciudadanas que podrían considerarse de un signo político diferente al neoliberalismo, no suponen de forma
necesariaun cuestionamiento de los privilegios asociados a un estado benefactor históricamente confinado a los países centrales (en detrimento de las periferias). Al fin de cuentas, las dudas persisten: ¿qué ocurriría con las protestas sociales si se reestableciera el nivel de consumo o de crecimiento previo al 2008, las cifras del desempleo se redujeran de forma drástica o se mantuvieran las prestaciones públicas instituidas?
Si la economía política del sacrificio produce estructuralmente una ingente masa humana como objeto sacrificable, ello implica, antes que una automática aceptación social, un cierto grado de conflictividad (que no es de por sí revolucionaria). Asumida esa conflictividad, el oficialismo se ha movido en dos frentes: procurar legitimar semejante economía política mediante un trabajo ideológico que significa la pauperización de la existencia como proceso inexorable y, simultáneamente, radicalizar una política represiva que implica cambios jurídicos de primer orden. De hecho, la misma expansión de la brechaentre deseos subjetivos y prácticas sociales, dentro del discurso hegemónico, es construida como “resultado natural” de un presunto “exceso” previo. Se trata, estrictamente, de un argumento de resignación. Bajo un discurso político semejante, ligado a una derecha recalcitrante que oculta sistemáticamente el poder decisivo que ejercen las elites económico-financieras y gubernamentales en la creación e imposición de las “reglas de juego”, la resignación es representada como destino y la servidumbre elevada a condición metafísica.
Sin embargo, es esa «política de la resignación» la que está en discusión, mostrando su inestabilidad como “evidencia de sentido común”. De forma manifiesta en España, diferentes grupos sociales están rompiendo esa jaula. Aunque el creciente inconformismo social queda reducido de forma habitual a la esfera privada, los ejemplos de Gamonal y la Marea Blanca pueden operar en el imaginario colectivo como un momento de inflexión, esto es, como el paso a una nueva fase en las luchas populares. No cabe descartar, entonces, que en esos acontecimientos políticos esté gestándose un futuro de la protesta mucho más fecundo desde un horizonte político transformador. De ahí la significación central de las «marchas de la dignidad» previstas: constituyen una iniciativa que procura articular un frentede lucha común que incluya y rebase las reivindicaciones sectoriales. Si la falta de articulación entre las luchas locales ha sido uno de los déficits principales de las protestas sociales en España hasta el momento, esta apuesta por la construcción de una cierta unidad política -en la multiplicidad de reivindicaciones- constituye un giro estratégico de primer orden. Para decirlo de otra forma: las «marchas de la dignidad» pueden ser la instancia articuladora necesaria para quienes no nos contentamos con un mundo social arrasado. Y, lo que no es menos importante, esas marchas permitirán determinar el grado de movilización popular tras los logros recientes. Es, ante todo, una pulseada decisiva e incierta: sin la consolidación de ese contrapoder popular el bloque hegemónico seguirá avanzando en lo que, en toda regla, puede calificarse como «política del saqueo».
La resultante de esa pulseada es impredecible. Las resistencias sociales son tan reales como el discurso hegemónico que significa lo actual como la consecuencia necesaria que habría que asumir tras un supuesto exceso (de consumo, de gasto, de deuda) por parte de la población, atribuido de forma cuasi-religiosa al “pecado originario” de “haber vivido por encima de sus posibilidades”. Según el énfasis que se haga, la perspectiva de análisis puede acentuar 1) la persistencia de un «sentido común» -como cristalización ideológica hegemónica- que representa la reconfiguración de la sociedad en curso como un “mal necesario” o 2) aquellas constelaciones de valores, sentidos y prácticas que dislocan esas construcciones hegemónicas y desafían los límites de lo posible. Las oscilaciones interpretativas (también, a menudo, contradicciones analíticas) con respecto al presente, que transitan del desencanto a la euforia o a la inversa, muestran que estamos en un umbral histórico donde no podemos dar nada por sentado: la incertidumbre política es nuestro punto de partida y la «crisis de hegemonía» una posibilidad que sobrevuela la actualidad, incluso si no vislumbramos un proyecto político alternativo consolidado que esté articulando las diversas insatisfacciones que proliferan a nivel colectivo.
Lo dicho, finalmente, supone que una interpretación crítica del presente necesita indagar no sólo en las claves culturales que legitiman una sociedad marcada por la desigualdad, la corrupción estructural y la restricción de las oportunidades sociales, sino también en aquellas prácticas político-culturales que ponen en crisis esa legitimidad, desafiando no sólo el conformismo sino también la resignación inoculadas. Si la actual desestructuración sistémica está produciendo un ensanchamiento de la apertura del presente, aprovechar esa apertura depende en buena medida de la construcción de un proyecto contrahegemónico por parte de los movimientos sociales con vocación transformadora.
No alcanza con que prolifere la
insatisfacción, en tanto se siga
deseando el mismo objeto y, sin embargo, nada impide
a priori que esa insatisfacción no sea canalizada políticamente en la lucha por otras formas de sociedad. La apuesta es
transformar el deseo colectivo, entonces, antes que perseguir la mera
satisfacción de unos deseos consumistas e individualistas que no cuestionan en lo central el actual
régimen hegemónico.
En suma, la crítica político-cultural del presente debe considerar la economía inestable del deseo y las identificaciones colectivas sobre las que se constituye. Demasiado a menudo pasamos por alto que también necesitamos incidir en esa dimensión de la subjetividad: todo proceso hegemónico se sustenta no sólo en la producción de unos sentidos determinados o en la configuración de determinadas relaciones de poder, sino también en una específica economía (política) del deseo. Estamos lejos de haber extraído las consecuencias teóricas centrales de esta premisa. Sobre todo, supone dejar a un lado un esquematismo inercial incapaz de leer el actual ensanchamiento de las oportunidades históricas. El futuro de la protestano es nada distinto a ese ensanchamiento. Sólo ahí puede residir nuestra esperanza agonística. Es responsabilidad colectiva convertir esa apertura en un nuevo inconformismo. Si la «in-dignación» es la negativa política ante el arrase, las «marchas de la dignidad» son el llamado común a construir la sociedad que no tenemos.
Arturo Borra
.jpg)
