a) La invisibilidad de una problemática
Aunque decir que no conocemos la situación del racismo y la xenofobia en España sea una exageración, no es un asunto menor que no exista ninguna publicación de datos estadísticos oficiales relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio español. Semejante operación de borrado es una cuestión de primer orden, porque pone en juego, precisamente, la posibilidad de una convivencia intercultural satisfactoria.
La aproximación a esta problemática dista de ser sencilla, empezando por la propia delimitación de lo que constituye una práctica racista o xenófoba. En segundo lugar, las fuentes, precisamente por ser plurales, también implican algunas variaciones en lo que conceptualizan bajo estas categorías. Entre esas fuentes hay que tomar en consideración los informes anuales elaborados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y los informes elaborados por diferentes entidades sociales: entre algunos otros, el “Informe Raxen” (del Movimiento contra la Intolerancia), el informe “El racismo en el estado español” (de SOS Racismo), y el “Informe de Derechos Humanos” (de Amnistía Internacional). En conjunto, constituyen materiales imprescindibles para disponer de una aproximación diagnóstica –confiable aunque limitada- a una de las cuestiones más dramáticas en nuestro presente, esto es, para reconstruir un “mapa de la cuestión” sobre racismo y xenofobia en España.
Apenas hace falta decir que una problemática como el racismo y la xenofobia, más que remitirse a unas abstractas constantes antropológicas, debe reenviarse a las condiciones materiales del capitalismo avanzado, donde millones de personas son arrojados fuera de sus comunidades locales ante las fluctuaciones de los mercados de trabajo globales. En ese contexto, se producen asimismo respuestas sociales defensivas y retrógradas ante lo que algunos grupos sociales perciben como amenazas externas a sus formas de vida o sus condiciones de trabajo. La migración, sin embargo, no es reductible a una cuestión económica: simultáneamente, se producen reagrupamientos familiares, una creciente movilidad cultural y desplazamientos forzosos en masa.
En esas condiciones, es claro que estamos ante un problema político de primer orden. La extensión del racismo y la xenofobia exigen un debate público pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad que se autoconsidere democrática. Salvo excepciones en sentido contrario, reclama por parte de los agentes políticos, económicos e institucionales un grado de implicación radicalmente distinto al que muestran en el presente. No se trata sólo de indiferencia o reticencia; también asistimos al creciente uso demagógico de ciertos tópicos y prejuicios sedimentados sobre la inmigración en discursos de tinte xenófobo y racista y, en última instancia, a una cierta connivencia con consecuencias imprevisibles.
b) Dos iniciativas abiertas
Como punto de partida hay que constatar la escasa difusión pública de información cualitativa y cuantitativa –cuando la hay- sobre casos de racismo y xenofobia, reforzado por un sistema judicial que no sólo tiende a desestimar las denuncias sino que además sólo de forma excepcional aplica la agravante de motivación racista contenida en el código penal. La falta de notoriedad pública no es un mero descuido o una omisión inocente: es una forma de borrar una problemática de la agenda pública, esto es, un modo de minimizar estos problemas graves y recurrentes tanto en el contexto nacional como mundial.
A pesar de las denuncias crónicas contra la falta de implicación del estado español en la lucha contra el racismo y la xenofobia, la pasividad estatal ante estos delitos persiste en el presente: el estado español no ha desplegado ni despliega los medios necesarios para transformar una situación en la que el racismo y la xenofobia en sus múltiples formas han crecido de forma indudable.
Doble problema entonces: 1) la carencia de información estadística oficial sobre este tipo de delitos y la falta de notoriedad pública de la información oficial relativa a racismo y xenofobia y 2) la falta de actuaciones en múltiples frentes que combatan de forma eficaz estas actitudes y prácticas en sectores sociales que desbordan la categoría de la “ultraderecha”, aunque sus rasgos criminales la tornen especialmente peligrosa y, por tanto, susceptible de medidas especiales inmediatas.
En síntesis, a pesar de la relevancia de ese doble problema en la vida democrática, la actual política de estado mantiene su opacidad informativa, reforzada con la obstrucción judicial y policial a la investigación de este tipo de delitos de odio. Ni siquiera los lazos entre ultraderecha y terrorismo de pequeña escala han modificado este bloqueo informativo que forma parte de las verdades (vergonzantes) de estado. Que a la fecha sigan considerándose las agresiones de este tipo como delitos comunes reafirma una permisividad estatal que hay que seguir cuestionando.
La reciente aprobación (27 de mayo de 2011), en el Consejo de Ministros, del “Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación ” -pendiente todavía de discusión y aprobación parlamentaria- es producto de esos cuestionamientos recurrentes y de presiones constantes de sectores e instituciones de la sociedad civil. Dicho proyecto constituye una innovación jurídica relevante en un contexto donde las obligaciones de los poderes públicos al respecto siguen incumpliéndose. En particular, la obligación de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva sigue constituyendo una deuda persistente del estado español: forma parte de los déficits democráticos que afectan a la sociedad en su conjunto.
Aunque es improbable que dicho proyecto de ley resuelva por sí solo la discriminación instalada tanto a nivel social como institucional, no deja de ser un paso valioso y necesario entre tanto inmovilismo. Con todo, en la medida en que esas prácticas sociales e institucionales se reproduzcan, no hay razones para no seguir incidiendo sobre unas demandas de justicia insatisfechas, así como en la demanda de visibilizar una problemática públicamente relegada. Las irresoluciones persisten desde luego. Por seguir incidiendo en la producción de información oficial sobre casos de racismo y xenofobia: si bien el proyecto mencionado contempla la elaboración de estudios y estadísticas al respecto (1) no deja de suscitar interrogantes el hecho de que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes deban recabar los datos sobre “el componente discriminatorio de las denuncias cursadas” y deban procesarlos “en los correspondientes sistemas estadísticos de seguridad” (Artículo 34, Inciso 2), habida cuenta del “componente discriminatorio” omnipresente en dichas fuerzas y cuerpos. Seguramente, sin planes de formación y supervisión efectivos destinados a la policía, los obstáculos a la producción de “sistemas estadísticos” válidos serán múltiples.
Por su parte, el despliegue del proyecto “Red Antena” (Red de Centros de atención a víctimas de discriminación por origen racial o étnico), iniciado en 2009 y del que forman parte diferentes ONG (2) no hace sino ratificar lo dicho: la necesidad de desplegar dispositivos públicos que permitan conocer y atacar estos problemas en toda su magnitud. Se trata sin dudas de una iniciativa intersectorial valiosa, en la que cabe prever la producción de información sobre casos de discriminación a nivel nacional, aunque sus logros hasta el presente sean escasos. Es demasiado pronto para saber si esta red contribuirá a corregir efectivamente estas falencias diagnósticas y contribuye a desarrollar intervenciones antidiscriminatorias eficaces.
Aunque la tarea sea difícil de dimensionar, debería formar parte de esas intervenciones, una reestructuración del propio aparato militar y policial español. La hipótesis justificada de que el aparato represivo montado en el período franquista sigue parcialmente activo décadas después no debería sorprender a nadie (y no sólo en lo referido al derecho de estas minorías, sino también en lo referido al respeto de los derechos humanos en todos los casos [3]). El cambio requerido, sin embargo, es ampliamente mayor: supone una revisión radical tanto del sistema político-judicial -en el que las rémoras autoritarias siguen operativas- como de las instituciones educativas, sanitarias, sindicales, religiosas, mediáticas y empresariales que han naturalizado, en cierta medida, la discriminación del otro.
En suma, en una formación social como la presente, que acentúa los procesos de normalización, la diversidad sociocultural es vivida (¿mayoritariamente?) como amenaza de lo propio o riesgo de autodisolución. Subestimar la dimensión de este problema más que una negligencia es un acto de absoluta irresponsabilidad: deja vía libre a un deseo irreconocido de supremacía que da lugar al fascismo.
Ninguna política de integración social puede ser efectiva sin un diagnóstico sistemático al respecto. Lo que es peor: ninguna política antidiscriminatoria puede ser mínimamente acertada sin un debido conocimiento acerca del mapa de la cuestión. La operación de borrado no suprime el problema, pero evita que adquiera notoriedad pública. Que esa operación no pueda eliminar las huellas reales de unas prácticas de segregación/ inferiorización de otros colectivos no niega su eficacia: impide que se conozca su verdadera magnitud, sus ramificaciones e implicaciones profundas, contribuyendo a su reproducción.
Si bien las estrategias oficiales pasan por recluir la cuestión en una ultraderecha minoritaria que “tolera” de varias maneras, dichas estrategias son falaces, en tanto minimizan retóricamente lo que amenaza con magnificarse en nuestra realidad social. El problema no se restringe desde luego a España: “Los crímenes de odio se han convertido en un fenómeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por desgracia, la escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difícil evaluar el verdadero alcance y la naturaleza del problema” (Informe Raxen 2010, pág. 92). En cualquier caso, el aumento de este “populismo neofascista europeo” es una conclusión corroborada. Nada señala que esta ofensiva racista y xenófoba (incluyendo la islamofobia, la gitanofobia y el antisemitismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los próximos años, como no sea con un giro de las políticas públicas comunes.
Para el caso, me limitaré a repasar, de forma somera, lo que sabemos sobre esta situación en España. El conocimiento reducido sobre delitosdirigidos contra colectivos como inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas se lo debemos principalmente a los informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN). En total, dicha red contabiliza unos 4000 casos de agresiones racistas al año distribuidas por todas las comunidades autónomas, propiciadas por miembros de la nueva ultraderecha, aunque dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del problema y no estén confirmados oficialmente (4). No hay dudas que los delitos de este tipo son significativamente más numerosos que los registrados, lo que significa que en España, cada día, al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (sin contar los que son víctimas de la homofobia, el sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las más de 200 webs xenófobas que funcionan en territorio español, 23 conciertos racistas durante 2009, más de 10.000 ultras y neonazis y al menos 80 personas asesinadas desde 1992, víctimas del odio (5). Los más de 100000 votos que obtuvo la ultraderecha en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo señalan que se trata de una fuerza política activa y en ascenso.
Por lo demás, el Informe Racismo 2010 (6) de la DGII, desde una perspectiva conceptual más amplia y no circunscripta a actos delictivos sino en general a las actitudes de la población española, nos permite hacer una lectura más extensiva al respecto. Las conclusiones no son alentadoras. A pesar de la desaceleración de los flujos migratorios debido a la crisis económica, “(…) la percepción valorativa de la presencia inmigratoria se mantiene en parecidos niveles a los de 2008 (con un 46% de encuestados autóctonos que consideran “excesivo” el número de inmigrantes en España)” (pág. 359). Asimismo, un 42% considera que las leyes inmigratorias son “demasiado tolerantes” y un 32% “más bien tolerantes” (pág. 68), lo que en conjunto señala que 6 de cada 10 españoles consideran que las leyes (juzgadas por la mayoría como “muy permisivas”) deben endurecerse. Por otra parte, 4 de cada 10 encuestados considera que deben expulsarse a los inmigrantes en paro (pág. 359), y 2 de cada 3 considera que debe haber, especialmente en el ámbito laboral, preferencia de los nacionales frente a los foráneos. “A los inmigrantes se les sigue viendo como el colectivo más protegido, que perciben más de lo que aportan, que acaparan las ayudas escolares (aunque algo menos las sanitarias). Al igual que se les sigue atribuyendo responsabilidad en el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y de la educación. Imágenes estereotípicas que, lejos de aminorarse, se han consolidado en este último año” (págs. 360-361). Finalmente, el informe señala que el 36% de los 2.836 encuestados en 2009 quedan clasificados como “reacios a la inmigración”, un 35% como “tolerantes” y el 29% como “ambivalentes”. En conjunto, aunque desde 2008 se han estabilizado estas tendencias, los resultados son muy preocupantes. El 64% de la población, en diferentes grados, no sólo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigración sino que, en medidas variables, considera que la desigualdad entre nacionales y foráneos es legítima.
Ahora bien, ¿no es precisamente ese principio de desigualdad, esto es, la creencia etnocéntrica en la propia superioridad, lo que está en la base de todo acto discriminatorio, incluso si no asumiera formas manifiestamente violentas? Aunque hay muchas aristas para indagar al respecto, la sospecha de que el racismo y la xenofobia más o menos abiertos (según nos desplacemos en el arco político hasta la ultraderecha) forman parte de la cultura hegemónica española tiene cada vez un anclaje empírico más nítido.
Ante la afirmación de que el estado español ha dado algunos pasos para mejorar la convivencia igualitaria entre nacionales y foráneos y mitigar una discriminación que opera en todos los ámbitos (desde lo laboral hasta lo educativo), no tenemos más remedio que replicar: cuando se está al borde del abismo, dar un paso adelante no sólo es una obligación política básica sino también una forma de no despeñarse. Puesto que España es uno de los países europeos menos comprometidos con estas luchas, transformar esa situación inicial es apremiante (7). Dicho de forma más rotunda: puesto que “(…) el estado español se encuentra entre los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional de igualdad que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo” (Informe 2010 SOS Racismo, pág. 233/234 [8]), no hay razones para no seguir exigiendo la modificación de facto de esas falencias graves.
Por lo demás, son las propias políticas de estado las que cabe cuestionar de forma radical, empezando por su política de asilo restrictiva, sus políticas de detención y deportación y su política migratoria en conjunto, que tiende a criminalizar a los inmigrantes irregulares, a instalar y a refrenar las vías para la regularización (a partir de una nueva ley de extranjería que endurece las condiciones de acceso y estancia en España). Por tanto, es el propio estado quien debe rendir cuenta de su propia contribución activa a este mapa de xenofobia y racismo social e institucional y, en particular, a la legitimación de la desigualdad entre ciudadanos de distintas procedencias. Es esa legitimación política y jurídica la que habilita, asimismo, a negar siquiera el estatuto de “ciudadano” a cientos de miles de personas irregulares que sobreviven en la economía sumergida (de la sobreexplotación).
En ese sentido, para que ese camino no se convierta en una aporía, los cambios institucionales deben empezar por una nueva visibilidad de la problemática. Dar cuenta del racismo y la xenofobia supone, en primer lugar, informar a la población de una realidad social que amenaza en convertirse en hegemónica. Es, asimismo, responder ante el Otro, asumir una responsabilidad y un compromiso en la erradicación de estos problemas endémicos que se agravan con la crisis. Recluir esa problemática en la ultraderecha es una estrategia tranquilizadora, que tiende a desconocer a una masa creciente de personas que por motivos raciales, étnicos y culturales considera legítima la desigualdad, aunque no necesariamente lo manifieste de forma expresa o no esté dispuesta a asumir de manera abierta todas las consecuencias de esa consideración.
Eso no niega, desde luego, las resistencias activas que diferentes sujetos colectivos ponen en acto: desde un tejido asociativo más o menos heterogéneo hasta grupos de activistas de derechos humanos y otros movimientos ciudadanos que perciben en este imaginario suprematista el retorno del fascismo. En esas luchas democráticas está cifrada nuestra esperanza política, en unas condiciones histórico-sociales que encarnan, probablemente, una de las peores regresiones europeas tras el 45´.
(1) Ver aquí. El inciso 1 del artículo 34 de dicho proyecto de ley incluye la producción de información al respecto: “1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y en la legislación específica en materia de igualdad de trato y no discriminación, los poderes públicos deberán introducir en la elaboración de sus estudios, memorias o estadísticas, siempre que se refieran o afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, los indicadores y procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley”. Queda pendiente evaluar metodológicamente las herramientas diagnósticas desplegadas, así como los logros conseguidos en este nivel de actuación, requisito indispensable para el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la integración social e institucional y penalicen las prácticas discriminatorias.
(2) Ver aquí.
(3) El incumplimiento de los DDHH por parte del estado español es múltiple y ha sido denunciado por Amnistía Internacional: denuncias de tortura, restricción del derecho de asilo, aplicación del régimen de incomunicación a ciertos colectivos de presos, protección inadecuada ante la violencia de género y la trata de personas, escasos avances en la investigación del franquismo, medidas insuficientes ante el racismo, entre otros. Al respecto, Amnistía Internacional, Informe de derechos humanos 2010, pág. 179.
(4) Al respecto, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en 2008 señalaba: "¿Cómo es posible que en el Reino Unido se documenten oficialmente 50.000 ataques racistas al año y en España la Guardia Civil registre entre 10 y 20 casos y la Policía Nacional entre 80 y 100?". Su conclusión, que no cabe más que ratificar en el contexto presente, es que España es de los países europeos más rezagados en las luchas contra estas formas de discriminación (ver aquí)
(5) El informe completo puede consultarse en http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
(7) Para graficar lo dicho remito al lector al documental español elaborado en 2011 “Ojos que no ven” (http://youtu.be/y7CytqYLHQY).
(8) El informe puede consultarse en http://federacionsosracismo.wordpress.com/informe-anual/
