Al menos en ciertos discursos circulantes ya constituye un tópico asociar «ultraderecha», «racismo» y «xenofobia». Si por un lado, de manera bastante tibia, se llama a combatir esos grupos extremistas por todos los medios jurídico-policiales disponibles, por otro se muestra una permisividad estatal que raya la complicidad: desde la autorización de manifestaciones de movimientos como España 2000 hasta la lentitud e insuficiencia de las actuaciones policiales ante prácticas inadmisibles en una sociedad democrática, como es la incitación al odio racial o étnico o la vulneración de un principio de igualdad (1). Sigue pendiente una investigación a fondo acerca de los vínculos entre policía y empresas de seguridad (algunas de las cuales son propiedad de conocidos líderes de la ultraderecha). En cualquier caso, esos vínculos no son secretos y ponen bajo sospecha la legalidad y compatibilidad entre funciones públicas y prácticas privadas de estos presuntos “agentes de seguridad”.
Que la ultraderecha crece no sólo en España sino en toda Europa se hace patente con el giro político de gobiernos como el de Francia e Italia, con sus propuestas actuales de reformar -de forma más excluyente todavía- el de por sí cuestionable «tratado de Schengen» (2), luego de haber adoptado medidas tan deplorables como la deportación y persecución de personas de etnia gitana, la creación de ministerios de identidad nacional o grupos para-policiales que patrullen las calles. De forma similar, es la dirección adoptada por Dinamarca, con su negativa a respetar dicho tratado y reforzar los controles fronterizos internos a la Unión Europea. De hecho, 19 países europeos tienen partidos políticos de ultraderecha con representación parlamentaria. En particular, en Holanda, Austria, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Estonia, Lituania, Francia y Rumania esos partidos tienen una importancia significativa, superando el 10% de los votos totales en sus países respectivos.
Por su parte, en España, las elecciones municipales y autonómicas del 22 de Mayo de 2011 muestran que el número de votos de esos partidos ultraderechistas (que incluyen a España 2000, Democracia Nacional, Coalición Valenciana, Plataforma per Catalunya, Falange Española o Alternativa Española, entre otros), se ha duplicado en cuatro años, pasando de 47.000 votos a más de 100.000 (3).
Podría alegarse que, al fin y al cabo, aunque haya crecido de forma indisimulable el porcentaje de votantes de estos partidos, su posicionamiento sigue siendo lateral: entre el 1% o el 2% de los votos computados, según el territorio (con alguna excepción en municipios pequeños, como es el caso de Silla [Valencia], en los que se superó el 10% de los votos). Si se tiene en cuenta el total de votantes (22.971.350), la población abiertamente identificada con la ultraderecha es por el momento menor (lo que no significa en absoluto que no deba conducir a tomar medidas políticas y jurídicas correctivas y preventivas al respecto).
Dicho esto, ¿se agota el problema del racismo y la xenofobia en esta ultraderecha protofascista que apuesta a capitalizar demagógicamente una crisis económica y unos cambios culturales inculpando a la “inmigración” de estas realidades? La respuesta es una negativa rotunda, por cuatro razones al menos:
a) además de los votantes efectivos, no deberíamos perder de vista que la “representatividad” de unas elecciones como las del 22-M está seriamente limitada: el partido más votado (el PP) obtuvo casi 9.000.000 de votos, pero a su vez hay más de 11.000.000 de abstenciones y alrededor de 1.000.000 de votos nulos y en blanco. Suponer que esos doce millones de votantes (que optaronpor no votar a ningún partido político) tienen necesaria y uniformemente una orientación de izquierdas es una hipótesis errónea, incluso si aceptáramos que la abstención creció en este caso entre sectores desencantados del partido de gobierno (PSOE). En una medida que no sabemos, no es válido descartar que una parte de ese electorado tenga filiaciones que no dudaríamos en tachar de xenófobas y racistas.
b) El crecimiento real de partidos de derecha y de centro-derecha, por otra parte, también señala la consolidación de una hegemonía neoconservadora que, aunque no sea identificable a secas con un programa explícitamente xenófobo y racista, suele establecer en su gestión de la inmigración obstáculos más severos todavía que los ya instaurados por el gobierno actual. Aun cuando pudiera interpretarse este giro político desde el prisma del “voto-castigo” (a un partido de gobierno que no sólo no ha respondido con eficacia a la crisis económica sino que tampoco lo ha hecho de forma coherente con su proyecto social-demócrata) hay buenas razones para suponer que una de las expectativas de parte del electorado de derechas es que dichos partidos endurecerán las políticas inmigratorias, en ocasiones nutridas por las promesas xenófobas y racistas inequívocas de la campaña electoral de sus candidatos (4). En síntesis, puesto que el “rechazo a los extranjeros” (xeno-fobia) aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha, el crecimiento electoral de partidos de esa orientación constituye un indicio preocupante de una posible radicalización de políticas inmigratorias de signo negativo.
c) Entre las preocupaciones principales de los españoles, según el C.I.S., la inmigración está en cuarto lugar (5). Aunque de esta información no puede deducirse un posicionamiento invariante con respecto a la cuestión racial, étnica y de nacionalidad, sí puede interpretarse como síntoma de que una proporción relevante de la población, irreductible a la “ultraderecha” y socialmente mucho más amplia, tiene actitudes negativas hacia el fenómeno migratorio. De forma general, la cultura de la segregación no es exclusiva a ningún partido político. Incluso en partidos que pasan por “centristas”, el llamado a una política de cupos de inmigrantes es cada vez más frecuente y aumentará a medida que avancemos hacia las elecciones generales del 2012 (6).
Finalmente, d) que la mayoría de los votantes se haya volcado típicamente hacia alternativas político-partidarias que no llaman expresamente a expulsiones masivas o al cierre absoluto de fronteras externas, apenas dice algo sobre sus filiaciones profundas al respecto. En sociedades en las que la creencia en la propia superioridad coexiste en el imaginario colectivo con una creencia en ciertos derechos humanos fundamentales, las prácticas abiertas de discriminación racial, étnica o por origen nacional tenderán a ser sustituidas por prácticas menos visibles, habitualmente eufemizadas por una retórica de la igualdad (formal) que puede ser (y habitualmente lo es) contradicha de hecho. Dicho de otro modo, que alguien no se declare abiertamente xenófobo y racista, por considerarlo vergonzante en muchos ámbitos sociales, no equivale a no discriminar.
De lo expuesto podemos extraer al menos dos conclusiones. 1) Recluir el racismo y la xenofobia a la ultraderecha es una falacia radical que esconde el grado de extensión o propagación de la xenofobia y el racismo tanto a nivel social como estatal. En particular, esta estratagema discursiva evita interrogarse tanto sobre unas estructuras institucionales y partidarias en las que esta constelación ha calado de forma escandalosa como acerca de un electorado mucho más vasto que, de forma más encubierta que abierta, mantiene disposiciones negativas hacia determinadas minorías étnicas, raciales y nacionales (gitanos, judíos, negros, rumanos, marroquíes, etc.). 2) Si bien es previsible que a medida que nos desplazamos en el arco político hacia la derecha encontraremos más propagadas estas posturas discriminatorias, ello no es óbice para señalar que el actual partido de gobierno (PSOE), lejos de elaborar políticas y medidas antidiscriminatorias, ha mostrado un desinterés tan manifiesto como persistente por estos problemas, tal como fue denunciado oportunamente por Amnistía Internacional (7). Apenas hace falta recordar las declaraciones de tintes xenófobos del ex ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho, quien además de llamar a combatir la “inmigración ilegal”, manifestó en 2009 que España ya no puede absorber más inmigración, siendo el “mercado laboral” quien marca la “capacidad de acogida de un país” (8).
La visión absolutamente instrumentalista de la inmigración (reducida a recurso económico de bajo coste) tiene como contracara un discurso que no duda en plantear como solución una política expulsiva que vulnera los derechos de los colectivos de trabajadores inmigrantes y tiende a estigmatizarlos en el campo laboral (planteados como “sobrantes” o “amenaza laboral”). El correlato de esta visión se institucionaliza jurídicamente con la nueva Ley de Extranjería que profundiza la dirección restrictiva que puede reconocerse en otros ámbitos de actuación estatal (9).
Dicho lo cual, el análisis sociológico de la estructura del electorado, aunque pueda constituir un apoyo empírico, es insuficiente para determinar el nivel de extensividad del racismo y la xenofobia tanto a nivel estatal como societal. Una lectura crítica tiene que abordar otras dimensiones de análisis: las prácticas económicas, políticas y culturales de diversos sujetos colectivos, reguladas por instituciones públicas y privadas de diferente índole (administración pública, sistema judicial y policial, mercado laboral, sistema de enseñanza formal, acceso a vivienda, sistema sanitario, etc.).
Si bien esa tarea difícil y apremiante excede estas breves reflexiones, lo dicho debería alcanzar para prevenirnos de un discurso que pretende confinar o identificar la problemática del racismo y la xenofobia a una ultraderecha tan peligrosa como minoritaria. Que el problema es mucho más grave se puede mostrar por caminos diferentes. Retomando el ya aludido Tratado de Schengen y por limitarme a ese ejemplo: contra una interpretación dominante que lo considera una apertura hacia el exterior, desde una perspectiva crítica, no constituye más que la expansión del perímetro común de Europa. El objetivo de dicha expansión no es otro que asegurarse provisión de mano de obra barata (proveniente de la periferia del propio continente) destinada a trabajos localmente indeseables, sin por ello dejar de hacer concesiones demagógicas a sentimientos xenófobos en aumento, esto es, sin dejar de plantear crecientes obstáculos hacia la inmigración extracomunitaria. Como corolario, el tratado permite institucionalizar el control sobre los ciudadanos en nombre de un nuevo régimen de seguridad interna y la encarcelación preventiva sin juicio previo de personas consideradas sospechosas. “Clasificar a las víctimas del engrandecimiento principalmente como una amenaza para la seguridad también permite la eliminación de las molestas restricciones que el control democrático ha impuesto o amenaza con imponer a las empresas, lo que se realizaría a través de la reclasificación de decisiones políticas (en última instancia eminentemente económicas) como necesidades militares” (10). En vez de repolitizar la economía, los estados europeos han optado por ahondar en la economización de la política, esto es, en la subordinación de sus políticas de gobierno a los mercados económico-financieros globalitarios.
En definitiva, del mismo modo que es un error conceptual grave suponer que la problemática del racismo y la xenofobia se reduce a una cuestión de violencia o agresión físicas a unas minorías o de incitación al odio por motivos de raza, etnia o nacionalidad, es un error similarmente grave identificar al conjunto de agentes discriminadores con esa ultraderecha que adopta en muchos casos rasgos auténticamente criminales. El tópico que restringe el alcance del racismo y la xenofobia a esa ultraderecha constituye, en última instancia, una coartada intelectual que mantiene a distancia la verdadera magnitud de estos problemas que ya son centrales dentro de Europa. Que las formas de segregación más extremas sean atizadas y utilizadas por estas fuerzas políticas renovadas no clausura un interrogante considerablemente más inquietante y sin embargo irrenunciable: tanto en Europa como en España, ¿cuál es el verdadero alcance que está adquiriendo el racismo y la xenofobia tanto en la sociedad civil como en las instituciones públicas?
(1) Por poner unos ejemplos concretos de un largo listado de actos de este tipo: a principios de julio de 2011, España 2000 y Coalición Valenciana boicotearon la presentación de un libro de Vicent Flor sobre el anticatalanismo en Valencia. La policía tardó más de 20 minutos para personarse en el acto y poner fin a los incidentes generados por estos grupos de ultraderecha, aunque sólo hubo 1 detenido (http://www.publico.es/espana/385541/la-ultraderecha-valenciana-revienta-un-acto-nacionalista). Tampoco debe olvidarse la manifestación de noviembre de 2010 en Benimaclet (Valencia) (http://www.kaosenlared.net/noticia/alerta-antifascista-espana-2000-manifiesta-19-benimaclet-valencia), en las que hubo amenazas sufridas por los vecinos de dicho barrio. Dicha marcha fue permitida por la subdelegación de gobierno a pesar de las peticiones de 11 entidades barriales para que la prohíba (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/11/19/once-entidades-benimaclet-rechazan-manifestacion-ultra-inmigrantes/758363.html). Mientras el crecimiento de estos discursos abiertamente xenófobos y racistas han inundado Internet, con más de 200 sitios web solamente en España, las autoridades estatales han mostrado y siguen mostrando una pasividad alarmante.
(2) El tratado de Schengen (en vigor desde 1995) es un acuerdo europeo que fija pautas comunes para suprimir controles fronterizos internos a la Unión Europea y unificar los controles fronterizos externos. Dicho tratado propone la libre circulación de personas dentro de la comunidad europea, reforzando el control de unas fronteras externas comunes.
(3) Los resultados electorales pueden consultarse en http://elecciones.mir.es/resultados2011/
(4) El caso del PP en Badalona (la tercera ciudad de Cataluña) es un inequívoco ejemplo del discurso claramente xenófobo que pueden adquirir, según los contextos locales, estas orientaciones ideológicas. Las imputaciones al actual alcalde Xavier García Albiol no dejan lugar a dudas:
(9) Para una crítica a esta ley me remito, entre otros, a http://sosracismo.es/, “INFORME ANUAL 2010. Sobre el racismo en el Estado español” (págs. 43-59; 234-337).
(10) Bauman, Europa, una aventura inacabada, Losada, Buenos Aires, 2006, pp. 49- 50.
