Paradójicamente, buena parte de esa deuda "pública" ha sido contraída por entidades financieras y empresas privadas que no han dudado en presionar de forma extorsiva al estado para que éste asumiera la responsabilidad de aquellas. La legitimidad de esa deuda no es cosa que deba darse por presupuesta. Por el contrario, debe evaluarse rigurosamente tanto su composición como su procedencia y sólo selectivamente asumir su pago.
La evaluación y auditoría de la deuda pública (realizados por entidades independientes idóneas, tal como se realizó recientemente en Ecuador) debe ser una exigencia política de primer orden, al menos para todos aquellos que apostamos por una democracia radical.
