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Fotografía de Juan Rulfo
Una breve contextualización Referirse a la relación entre inmigración y mercados laborales en España exige al menos la referencia a cinco puntos específicos, en el contexto global de un proceso de reestructuración sistémica del capitalismo. Ante todo, i) la persistencia de una política de asilo restrictiva, ii) la consolidación de una política migratoria regresiva que ha dado un giro significativo a partir de 2008 y que el recambio de gobierno no ha hecho más que acentuar; iii) el cambio de ciclo migratorio a partir de 2012; iv) la extensión relativa de prácticas y discursos racistas y xenófobos en Europa y v) la pérdida de prioridad pública de la inmigración en general, en función de una agenda pública centrada de forma excluyente en el discurso tecnocrático de la superación de la crisis. Deforma sumaria, ampliemos estos puntos.
i) En primer término, hay que referirse a una política de asilo restrictiva (1), tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Según los últimos datos disponibles recopilados por CEAR, en España se presentaron sólo 3395 solicitudes, de las cuales se denegaron 2410, lo que significa que algo más del 70% de solicitantes de asilo o protección internacional en España quedaron en situación irregular, en consonancia al elevado porcentaje de solicitudes denegadas por el conjunto de la UE27, que asciende al 75% (2). En términos más amplios, el 90% de los refugiados son acogidos por los llamados “países en vías de desarrollo”, lo que no hace más que reafirmar la transferencia política de responsabilidad de los países más ricos hacia los más pobres. El informe “La situación de los refugiados en España” (3) es contundente: “El bajo índice de solicitudes en España se debe en buena parte a las enormes dificultades existentes para acceder al procedimiento de protección internacional en los CIE, puestos fronterizos y costas. Tanto en los CIE como en los aeropuertos se han detectado múltiples irregularidades que tienen que ver, esencialmente, con el derecho a una asistencia jurídica especializada. Además, la ausencia de un procedimiento de identificación de personas que puedan requerir determinada protección (menores de edad, víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, etc.) hace que muchas de ellas no accedan al procedimiento de protección internacional” (pág. 180).
ii) En segundo término, hay que referirse a la política migratoria española que de forma inequívoca endurece las exigencias y requisitos para residir y trabajar en territorio nacional. Esta política, aunque suele definirse como una “política de fronteras cerradas”, se caracteriza más bien por la segmentación que establece al interior de la población inmigrante, es decir, por la construcción jerárquica que establece entre diferentes categorías socio-económicas dentro de estos colectivos. Por un lado, se favorece la movilidad geográfica de inmigrantes con tarjeta azul (ejecutivos, universitarios, profesionales con alta cualificación) y, de manera más reciente, a un tipo de inmigrante de una franja de ingresos elevada (como es el caso de los compradores de viviendas de más de 160.000 €, que adquieren permiso de residencia y trabajo de manera automática), sumándose a los históricos privilegios de inversores y empresarios que, en muchísimos casos, gozan de exenciones fiscales de excepción para instalarse en el país. Por otro lado, se trata de vedar el paso a flujos migratorios que son juzgados por los estados europeos como “indeseables” -especialmente, procedentes de África y Medio Oriente- caracterizados de forma genérica por sus carencias económicas y cualificaciones más reducidas. En síntesis, la actual política migratoria se caracteriza por una fuerte selectividad de inmigrantes según su pertenencia de clase (o, si se prefiere, según su poder adquisitivo), instaurando un patrón selectivo que plantea una relación de apertura ante elites profesionales y económicas en simultáneo a la restricción de flujos migrantes de trabajadores manuales y personas en situación precaria. La supresión de fondos de integración, la reducción drástica del presupuesto para políticas de co-desarrollo y cooperación, la desfinanciación de partidas destinadas a asociaciones y ONG que trabajan con estos colectivos, el refuerzo de una política de control migratorio que incluye la militarización contra la inmigración irregular en África, la política persistente de redadas policiales y expulsiones, el mantenimiento de los CIE, la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario gratuito, etc., forman parte del arsenal de políticas que dificultan una inclusión igualitaria de estos colectivos, creando nuevas «ciudadanías periféricas» dentro de los llamados países centrales y la criminalización de personas en situación irregular. El objetivo de conjunto es claro: forzar el retorno de un “excedente” de extranjeros residentes y retener a quienes sigan “compitiendo” con salarios bajos, puedan atemperar la caída del consumo y sigan aportando, mediante contribuciones fiscales directas e indirectas, recursos económicos al estado español.
iii) También tenemos que referirnos al cambio de ciclo migratorio en España: en 2012, según el INE, se estima que 927.890 personas abandonaron el país, de las cuales 117.523 eran españolas y 810.367 extranjeras. En total, el saldo entre número de inmigrantes y emigrantes es negativo: 137.628 personas menos. Así, de ser predominantemente un país receptor de inmigrantes, España se ha convertido en un país productor de emigrantes. Este saldo negativo –que seguirá incrementándose en los próximos años- equivale a una fuga de trabajadores cualificados (ingenieros, investigadores, profesionales de la sanidad, técnicos con formación superior, jóvenes licenciados, etc.) que, probablemente, retrasará más cualquier reactivación económica, como no sea mediante la importación sustitutiva de mano de obra profesionalizada o la repetición de un modelo productivo que ha mostrado de sobra sus límites. La contradicción es clara: por un lado se expulsa indirectamente a muchos jóvenes españoles con educación superior (públicamente financiada) en situación de desempleo y, por otro, se priva al sistema económico de una de las franjas de la población activa que España más necesita para diversificar los mercados de trabajo y propiciar un cambio de modelo productivo. Si se tiene en cuenta el decrecimiento poblacional y el aumento relativo de la población pasiva, es previsible que esta ola de emigración también producirá efectos negativos en el sistema de la seguridad social (por no mencionar las consecuencias sociales y psíquicas de esta diáspora).
iv) Asimismo, las prácticas discriminatorias por cuestiones de nacionalidad o raza también se han incrementado en los últimos años tanto en España como en el resto de países europeos, creando nuevas barreras culturales de ingreso a los mercados laborales y al desarrollo de una sociedad igualitaria. La xenofobia y el racismo, como operadores selectivos, aparecen como refugio no sólo de grupos de ultraderecha, sino también de una parte creciente de la población, expuesta a situaciones de exclusión social y a la caída de su calidad de vida. Ello crea las condiciones ideológicas propicias para que los discursos xenófobos y racistas tengan mayor calado (y la prueba más rotunda de este crecimiento es la consolidación electoral de una derecha que ha hecho de la restricción de la inmigración una de sus banderas). Desde luego, la visión instrumentalista y economicista de la inmigración tiene como contracara un discurso que plantea a este colectivo como “sobrante” o “amenaza laboral”. El tópico que restringe el alcance del racismo y la xenofobia a la ultraderecha es una mera coartada intelectual que mantiene a distancia la verdadera magnitud de estos problemas, tanto a nivel social como institucional: omite la discriminación racial y por origen en los mercados de trabajo. No es un asunto menor que no exista ninguna publicación de datos estadísticos oficiales relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio español (4). La extensión del racismo y la xenofobia exige un debate público pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad mínimamente democrática. Nada señala que esta ofensiva racista y xenófoba (incluyendo la islamofobia, la gitanofobia y el antisemitismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los próximos años, como no sea con un giro de las políticas públicas comunes.
v) Al panorama anterior hay que sumar la omnipresencia del discurso tecnocrático de la crisis que oculta problemas no menos graves, como ocurre con el de la inmigración. El «borrado» de la problemática migratoria en los discursos oficiales forma parte del desentendimiento con respecto a su bienestar. Al respecto, en los últimos cinco años puede reconocerse un giro: si desde los 90 la “inmigración” estuvo ligada a “mercados de trabajo” (asociada a una política de provisión de mano de obra barata para mercados subcualificados), el nuevo giro convierte en residual esta política: más que una fuerza instrumental relativamente valorada por su aportación laboral intensiva, en la actualidad la inmigración tiende a ser valorada especialmente por su aportación de capital o su aportación fiscal, lo que reconfigura radicalmente el mapa migratorio.
Mercado laboral formal: confinamiento sectorial, desigualdad y tasa de paro
Referirnos a la segmentación operada por la política migratoria no niega el efecto de homogeneizaciónque por casi dos décadas esa misma política produjo entre trabajadores inmigrados. Para circunscribirme al caso español: desde la década de los 90, el «confinamiento sectorial» de la mayoría de inmigrantes a puestos de trabajo precarizados, en posición subordinada y en sectores económicos de baja cualificación, resulta inequívoco: 8 de cada 10 inmigrantes sigue trabajando en hostelería, industria, comercio minorista, servicio a personas, agricultura y pesca y construcción.
De forma complementaria a este confinamiento, la «tasa de desempleo» de inmigrantes extracomunitarios supera en más del 12% la tasa de paro de trabajadores nacionales y comunitarios, situándose a la fecha en poco menos del 38% (5). La creciente marginación de estos colectivos está vinculada no sólo a las dificultades para acceder a los mercados laborales locales sino también al tipo de empleo y a las condiciones de contratación a los que accede. La categoría de “trabajador pobre” es una realidad cada vez más visible (que incluye desde luego tanto a personas inmigrantes como nacionales).
Como consecuencia de esta «crisis del trabajo», dentro de los colectivos de inmigrantes se está produciendo un doble fenómeno: retorno a los países de procedencia en algunos casos (especialmente, procedentes de América Latina) y la pérdida de los permisos de trabajo y residencia de miles de personas inmigradas, que necesitan trabajar al menos 6 meses por año para poder renovar su documentación. La imposibilidad de cumplir con este requisito supone el tránsito hacia una situación irregular, así como la exclusión del sistema sanitario gratuito, el deterioro de sus condiciones materiales de vida y la dificultad para asumir sus deudas hipotecarias o de otro tipo. De hecho, ya en 2011, según Eurostat, el 18% de los nativos estaba expuesto a la pobreza, mientras que esa cifra alcanzaba entonces al 32% de los inmigrantes.
Tras un análisis sistemático de las condiciones laborales de los inmigrantes extracomunitarios que acceden a un empleo y su comparación cualitativa con los puestos laborales reservados a españoles y comunitarios los resultados no dejan lugar a duda: tanto en términos salariales como en acceso a puestos jerárquicos dentro de empresas y otras organizaciones (incluyendo la administración pública), la desigualdad es notoria y relevante. En esta dimensión, no sólo cuenta la tasa de parados desigual, sino también la calidad desigual de los empleos a los que acceden respectivamente inmigrantes y locales. La referencia a una «inclusión subordinada» dentro de los mercados de trabajo resulta fundamental: no importa sólo la obtención de un empleo, sino la calidad del mismo. Basándonos en el informe “Inmigración y mercado de trabajo 2011”, a la par que la tasa de temporalidad de los inmigrantes disminuye a medida que la estancia es más duradera, se mantienen las diferencias salariales entre españoles y extranjeros (5). El salario medio anual de la población extranjera se sitúa en una franja entre el 51% y el 61% del correspondiente a la población española, dependiendo de la fuente estadística utilizada (6). Las causas de estas diferencias son diversas: variables laborales (tipo de contrato, tipo de jornada, el puesto de trabajo que se ocupa o la actividad productiva de la empresa en que se trabaja); variables sociodemográficas (sexo o lugar de nacimiento) y, según menciona el informe citado, la “discriminación” (p. 157). En última instancia, las tendencias de la participación de la inmigración en el mercado de trabajo español se mantienen, en particular, la «segregación ocupacional» y la «especialización por género». El informe es contundente: “La participación laboral de los extranjeros nacidos fuera de España sufre de sesgos terciarios y sesgos femeninos, concentraciones en puestos de trabajo de baja cualificación y mayor especialización en ramas y categorías laborales concretas” (p.158). En menor medida, esta situación es similar en el caso del colectivo de la población ocupada española nacida fuera de España.
Aunque a menudo suelen plantearse las desigualdades laborales como diferencias en las cualificaciones profesionales, un análisis comparativo de cualificación desmonta esta falacia. Según los datos publicados por Eurostat en 2011, si la sobrecualificación profesional en España alcanza al 31% de los trabajadores, el fenómeno de la sobrecualificación se acentúa entre los colectivos inmigrantes, con una tasa que alcanza el 58%. La amplia mayoría de la población inmigrante tiene una ocupación no cualificada por debajo de su nivel formativo, sumado a las dificultades en la homologación de sus títulos, obstaculizando una inserción laboral mínimamente satisfactoria y una cierta movilidad laboral ascendente.
Cualquier explicación meritocrática, al respecto, se derrumba: no existe correlacíón entre cualificación, puesto de trabajo y remuneración. La discriminación laboral por razones de origen o etnia, en suma, se hace manifiesta de diversas formas: bajo la forma de segregación ocupacional, desigualdad salarial, tasa de paro más elevada, temporalidad superior y asimetría en las oportunidades laborales.
¿Qué cabe decir sobre la participación por parte de diversos inmigrantes en la economía sumergida, esto es, trabajadores privados de derecho? Según la estimación de carácter extraoficial del Ministerio de Economía y Hacienda ya en 2011 se calculaba que la economía sumergida en España representaba el 23% del PIB, mientras que en 2012 representó el 22, 5% del PIB, esto es, 212.125 millones que, entre otras cosas, no tributan ni aportan a la seguridad social. Aunque reflexionar sobre la economía sumergida exige un estudio pormenorizado que no puedo emprender en este contexto, señalemos que el empleo irregular implica más de 4.000.000 de personas, de las cuales al menos medio millón son extranjeras. Trabajar en la economía sumergida no sólo supone incumplir las normas laborales vigentes e incurrir en fraude, sino que expone a una manifiesta vulneración de los derechos de los trabajadores. Todo ello debería ser suficiente no sólo para incrementar de forma notable las inspecciones de trabajo y crear más controles a un sistema desenfrenado de lucro, sino para propiciar un giro radical en las políticas migratorias tanto en España como en el resto de Europa. Aunque es improbable que ocurra algo similar en los próximos años, debería ser una de las exigencias fundamentales de un horizonte político de izquierdas.
A modo de conclusión
Lo anterior permite sostener que el cambio de las condiciones económicas a partir de 2008 en España, si bien afecta de forma general a las clases trabajadoras, ha golpeado con particular rigor a inmigrantes extracomunitarios, de forma similar a otros colectivos especialmente vulnerables. Si bien el deterioro de los mercados de trabajo no afecta solamente a estos colectivos, dicho deterioro se hace peculiarmente visible en la población inmigrante, siendo los menos afectados aquellos que disponen de una mayor cualificación.
Hay buenas razones para suponer que las prácticas discriminatorias son sistemáticas y sistémicas, aunque ningún indicador aislado permita sostenerlo de forma inequívoca. Sin embargo, la convergencia de múltiples indicadores en un mismo sentido permite interpretar algunas realidades como manifiestamente discriminatorias: la tasa de desempleo, la tasa de temporalidad, las desigualdades salariales, la movilidad laboral, etc., señalan un trato desfavorable hacia los inmigrantes extracomunitarios que obstruye seriamente cualquier proyecto de integración. Por recuperar lo dicho en el Informe “Inmigración y Mercado de Trabajo 2011”(pág. 160): “Apenas existen estudios que hayan determinado con rigor la discriminación que sufren los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pero hay indicios claros de que tal discriminación existe. Por el momento, la discriminación no ha merecido una atención especial en el proceso de inserción laboral de la población inmigrada, porque la simple legalización de tal inserción ha sido prioritaria. Ahora, sin embargo, combatir la discriminación es ya asunto inaplazable y ello demanda, en primer lugar, cierto aprendizaje para detectarla y calibrarla. La lucha contra la discriminación requiere una vigilancia específica que comienza por el acceso al trabajo, asegurando que se cumple el principio de igualdad de oportunidades y sigue con las condiciones laborales y los procesos de promoción interna en las empresas. La discriminación en algunos casos puede ser burda, pero en otros es muy sutil, y es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin mecanismos específicos establecidos a tal efecto”.
Sería apresurado suponer que la discriminación opera de forma indiscriminada. Aunque apenas hay estudios sobre esta materia, hay indicios suficientes para mostrar que tal discriminación laboral (abierta y encubierta, social e institucional) está extendida, no sólo en cuanto a la falta de igualdad de oportunidades, sino también en las condiciones laborales establecidas y los procesos de promoción interna en las empresas.
Desde luego, que esta discriminación sistémica ni siquiera esté reconocida como tal no hace sino agravar el problema. Queda todavía por saber si en la próxima década Europa afrontará esta fractura en términos de derechos económicos y sociales o si se conformará con disimularla bajo una altisonante retórica de la igualdad.
Arturo Borra
(1) Para una reconstrucción más amplia de la situación de refugiados y desplazados en el mundo, remito a “Más allá de un proyecto de bienestar cercado: refugiados y desplazados en el mundo”, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131170.
(4) Basándonos en informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN), en España, cada día al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad, además de más de 80 personas asesinadas desde 1992, víctimas de delitos de odio. El “Informe Racismo 2010” de la DGII, desde una perspectiva conceptual más amplia, muestra que una parte significativa de la población española, superior al 60 %, no sólo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigración sino que, en medidas variables, considera que la desigualdad entre nacionales y foráneos es legítima. Para información relativa al campo laboral, remito al Informe de “Inmigración y mercados de trabajo 2011”, http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/OPI_28_Inmigracion_y_Mercado_de_trabajo-Informe2011.pdf
(6) Estas diferencias han sido puestas de manifiesto con datos de la Estadísticadel mercado de trabajo y pensiones y de la EAES (Encuesta Anual de Estructura Salarial). La primera fuente la sitúa en 9.950 euros a favor de los españoles en 2010 y la segunda estima la ganancia salarial media de los españoles en 23.019 euros frente a una ganancia de 14.058 euros en el caso de los latinoamericanos y de 14.690 en el de asiáticos y africanos en 2009.
